2018: Violar la ley en despoblado.

Publicado en Debate el viernes 8, septiembre, 2017

 

Isidro Galicia/ÁGORA DEBATE.

 

Ilimitados para competir en un terreno ventajoso e imparcial, los partidos políticos y candidatos acudirán a una elección federal, sin la debida regulación en la propaganda política y gubernamental.

Se han cumplido diez años de que diputados y senadores dejaron inacabada la reforma constitucional del 2007, que pretendía normar en leyes secundarias- el artículo 134-  la construcción de candidaturas desde la función pública y, por consiguiente, el uso indebido de los recursos públicos.

Sin una ley que los sancione y castigue, los partidos políticos harán del vacío legal, una oportunidad para profundizar el débil estado de derecho mexicano.

Quienes debieran construir un régimen con un sólido andamiaje legal- diputados y senadores- son lo que propugnan un sistema electoral con abiertas fallas jurídicas.

Como un pacto votado entre los partidos políticos, la elección presidencial del próximo año estará sujeta a una serie de actos velados de propaganda política. En otros casos, encubiertos desde la acción gubernamental, para favorecer a sus respectivos candidatos.

El tema de la reelección de alcaldes, diputados locales y regidores será el gran desafío electoral hacia el 2018.

Sin los debidos equilibrios políticos en los cabildos, el uso indebido de los recursos financieros y la disminuida cultura de la rendición de cuentas por los ediles, incrementarán los actos que se suscribirán al margen de la ley.

¿Qué criterios serán aplicados y qué hechos observados como actos anticipados de campañas para los ediles, que decidan participar en la reelección, sin abandonar su cargo de presidente municipal y desarrollar sus actividades como funcionario público?

Evidentemente, la elección del 2018 se observará como un periodo sin rigor legal, ausente de una legislación que inhiba cualquier acto que vulnere a los principios fundamentales en la competencia electoral.

Sin elecciones libres y competitivas, los ediles y diputados locales, así como los partidos políticos, harán uso de la prebenda y de las condiciones que otorga una legislación inconclusa.

Un sistema de partidos anacrónicos en la evolución de la democracia liberal y ajeno a una cultura amplia de la participación electoral de la ciudadanía, serán los ingredientes para acudir a un proceso comicial sin las garantías jurídicas que afectará la certeza, la imparcialidad y la legalidad del resultado.

Sin leyes que impidan el abuso de autoridad y la aplicación irregular de los recursos públicos durante las campañas, la ciudadanía participará en un nuevo proceso electoral, sin la garantía de que el vencedor surja de una elección competitiva y legal.