ASF: Y el pantanoso uso de los recursos públicos.

Publicado en Debate el miércoles 13, septiembre, 2017

En la imágen Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.

Isidro Galicia/ ÁGORA DEBATE.

 

Como una fiesta interminable, donde la borrachera y la cruda la pagan los ciudadanos, los gobernantes usan los recursos públicos con absoluta opacidad y discrecionalidad.

México, por más de una década ubicado con los niveles más altos de corrupción de acuerdo con Transparencia Internacional, exhibe la naturaleza de un régimen político agotado por la deshonestidad de su clase gobernante.

La transición política y democrática del 2000, no logró terminar con el grave problema de la corrupción; incluso, no mejoraron en los sexenios del panismo las evaluaciones del organismo internacional. Sin embargo, el avance más sustancial durante el foxismo fue la Ley de Transparencia en el 2002.

Tras el regreso del PRI al gobierno federal se promulgó la Ley Anticorrupción, con el ánimo de profundizar los controles administrativos y legales para inhibir los actos de corrupción. Aunque bien intencionada y con alcances sancionatorios para los funcionarios públicos, es una ley que no termina por cuajar.

Los desafíos hacia el futuro son complejos. Por un lado, la opacidad financiera y la ejecución discrecional del dinero público por parte de los gobernantes se mueven en arenas movedizas.

A pesar de las fortalezas jurídicas para castigar la corrupción en México, los gobernantes administran los recursos al límite (o al margen) de la ley.

Sin consecuencia políticas deterministas que inhabiliten cualquier práctica deshonesta desde la función pública, los gobernantes hacen del presupuesto federal un espacio ideal de la impunidad.

Como amos de la opacidad-  gobernadores, alcaldes y diputados- la Auditoria Superior de la Federación observa con anualidad, el manejo de los recursos públicos. Como cada año, las observaciones se fincan en manejos desaseados y poco transparentes.

Aunque los informes de la ASF son procedimientos inacabados, la poca pulcritud administrativa manifiesta la mínima convicción de los gobernantes, por transparentar el dinero de los ciudadanos y su forma de gastarlo.

Michoacán, un estado convulso en materia financiera y administrativa, se encuentra observado por el órgano fiscalizador federal; como otras entidades del país, donde la parranda presupuestal no tiene límites.

México es administrado por un modelo de simulación legaloide pactado por partidos políticos y funcionarios públicos, donde nadie pierde y todos ganan.

Donde la cultura de la legalidad obedece más a tendencias reformistas coyunturales, que a un genuino sentido por la transparencia y rendición de cuentas de la élite política mexicana.

Siempre habrá quien gaste menos en una borrachera. Pero siempre habrá quien gaste más a costa del bolsillo de los ciudadanos.