El paradigma de pacificar.

Publicado en Debate el viernes 5, enero, 2018

En la imagen la presentación del Plan de Seguridad de AMLO y el propuesto secretario de Seguridad Pública,  Alfonso Durazo.

Isidro Galicia/ÁGORA DEBATE.

En más de diez años los gobiernos federales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se esmeraron en profundizar la crisis de violencia e inseguridad del país.

Con políticas públicas punitivas, de reacción y de desmembramiento de cárteles de la droga como estrategias estelares de los dos regímenes, hoy, los resultados, además de fallidos, confirman la errónea dirección que trazaron para combatir las células criminales y detener el crecimiento de la inseguridad pública, como una consecuencia colateral.

No obstante, del incremento exponencial en materia presupuestal para la seguridad pública nacional anualizada, presumen un marcado interés de la esfera gubernamental por hacer de la inseguridad el gran negocio sexenal a costa de exponer vidas y desestabilizar todo el mosaico social de México.

Ver al fenómeno de violencia, homicidios dolosos y desapariciones forzadas como un botín presupuestal, sería la justificación propicia para sostener un gasto exorbitante e inocuo, además de fallido; y donde se encuentra inmersa  la corrucpión como el eslabón que más debilita el  andamiaje institucional y los propios resultados. Y es posible, que atender la inseguridad pública desde una dimensión humanitaria y social, el gasto público se reorientaría de manera integral para atender aspectos como la marginación, pobreza y la desigualdad social.

El paradigma de pacificar el país pasa por un tema de concertación social y por la unidad del propio sistema político mexicano, para detener la espiral de violencia y permitir soluciones duraderas que garanticen la paz pública en México.

Quizá, la inseguridad pública no solo sea un tema de reacción policial y militar, que, además, de atender las causas hembrionarias  que alienta un estado de violencia social, es saber cuál es la disposición de los diversos partidos políticos por replantear y redireccionar las estrategias nacionales en materia de seguridad.

El nuevo ingrediente legal llamada Ley de Seguridad Interior, recién aprobada por el Poder Legislativo y publicada por el Poder Ejecutivo, solo agravará la de por si agitada condición contextual del país. Las atribuciones del presidente de la República tendrán alcances plenipotenciarios, decisiones que asumirá por encima de los congresos estatales y gobernadores, en caso de una situación de excepción. Más de lo mismo.

Lo propuesto hasta hoy por Andrés Manuel López Obrador, es solo una fórmula y un nuevo intento por solventar eficazmente la interminable guerra contra el narcotráfico; aunque para sus opositores, es una propuesta desproporcionada, ante el dantesco fracaso le dan cierto margen de legitimidad para explorar otras formas de atender la violencia pública, en el caso de ganar los comicios presidenciales.

Pacificar a México no será una tarea sexenal, siempre y cuando se observe el fenómeno como una consecuencia dimensionada desde la reconstrucción del tejido social, hoy, atomizado por el crimen organizado.

AMLO ya lo propuso y ahora los ciudadanos tendrán la última palabra.