La politización de la inseguridad.

Publicado en Debate el lunes 5, marzo, 2018

 

En la imagen auto incendiado en Apatzingán el pasado jueves primero de marzo.

Isidro Galicia/ÁGORA DEBATE.

Michoacán es un puntual ejemplo de los vacíos de autoridad y del debilitamiento de los poderes formalmente constituidos, donde la inercia criminal se ha erigido como un actor estratégico e influyente de la política en amplias regiones del estado y del país.

Con más de 12 años de ser un territorio inexpugnable para las autoridades preventivas y de procuración de justicia, los partidos políticos y los políticos, han utilizado perniciosamente el fracaso de las estrategias en materia de seguridad, en detrimento de los opositores o de las facciones gobernantes.

El ocaso de los partidos políticos como una opción de restauración de un régimen constitucional, de derecho y justicia, se colocaron como los responsables absolutos de las fallidas medidas en contra de las células criminales y como los enemigos públicos de la estabilidad social.

Investigadores del fenómeno del crimen organizado, plantean una riesgosa hipótesis: El problema de la seguridad pública es un asunto político.

Y quizá lo sea.

A más de 10 años de la delirante estrategia o guerra contra el crimen organizado, impulsada por Felipe Calderón Hinojosa, este asunto de Estado emergió ante la amenaza que representó las fuerzas de izquierda, durante el inicio de su mandato.

Un “guerra” que se significó como una acción de legitimación política. Aquellos años, la polarización electoral surgida tras la enconada elección del 2006, propició el acompañamiento a partir de una causa de Estado y de gobierno de partidos, y que pretendió en todo momento situar un enemigo objetivo sexenal.

Aquel sexenio, de una lucha fallida en contra de la delincuencia, propició la partidización de la agenda, como un punto de inflexión para la negociación política y también de la presión partidista.

La violencia como un punto de articulación de las propias instituciones y de los intereses políticos.

El régimen de Enrique Peña Nieto optó por mercantilizar y capitalizar la inseguridad, como un mecanismo de recursos presupuestarios y de asignación de amplias partidas para el rubro a partir de un modelo policial y de seguridad fracasadas.

Inversiones millonarias que durante seis años los partidos de oposición y en el gobierno, avalaron desde el congreso federal y de los estados, presupuesto que al momento no han resuelto la inseguridad.

El 2018 la agenda será marcada por la violencia y la inseguridad pública.

Partidos y candidatos acusarán a sus adversarios, y más sí están en el gobierno, de la omisa política de Estado para disminuir el fenómeno de la delincuencia organizada.

Los candidatos intentarán obtener una renta electoral a partir de la pérdida de vidas y de una nación violentada.

Es tiempo de campañas y es temporada de patos.