Michoacán, elecciones y violencia.

Publicado en Debate el sábado 4, noviembre, 2017

 

Isidro Galicia/ÁGORA DEBATE.

Michoacán se encuentra en una fase de alto riego para la gobernabilidad estatal.

La reconfiguración de los mapas criminales en la región de la tierra caliente, sitúan a la entidad como un foco rojo para el desarrollo del proceso electoral del 2018.

Por citar un ejemplo, municipios como Apatzingán se encuentra en el absoluto asedio en contra de la población civil.

Las células criminales representan pequeñas entidades de poder delictivo, que actúan como autoridades paralelas a las legalmente constituidas en las localidades.

Como ayer, Apatzingán y los municipios vecinos viven una situación de amenaza y de coerción social, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno intervengan para abatir los flagelos provocados por la presencia del crimen organizado.

Pese a los llamados discursivos del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de intimidación en contra de alcaldes, aspirantes a cargos de elección y sociedad civil de no vincularse con la delincuencia, lo cierto, es que las células delictivas se encuentran actuantes y deliberantes de la vida pública de los municipios michoacanos.

Sería recomendable para el mandatario de Michoacán, acudir a una lógica argumentativa y de razonamiento responsable, porque hasta hoy, la semántica institucional ha sido rebasada por la reconstitución criminal y en los hechos, exhibido el fracaso del mando unificado.

En el 2018 será un escenario complejo y atemorizador para todo aquel que aspire a un cargo de elección popular en Michoacán.

Las condiciones de seguridad y los resortes institucionales se encuentran debilitados ante la ominosa presencia delictiva, que, a fuerza del miedo, pretenden imponer candidatos y manipular los procesos electorales en comunidades, tenencias y municipios.

La geografía del crimen organizado se encuentra activo y dispuesto a disputarle los comicios a las instituciones electorales y gubernamentales de Michoacán.

Mientras tanto, las políticas públicas en materia de seguridad, inclusión social y generación de polos de desarrollo económico se encuentran lejos de aterrizar en un espacio de dominio criminal.

Como en el pasado municipios y el estado, desarrollarán los procesos electorales del 2018 bajo el asedio de una dictadura criminal, donde la ley del silencio se impone por el temor de perder la vida.

Y apenas es el inicio.