Por violencia en México, más de ocho millones de desplazados; concesiones mineras un factor de éxodo.

Publicado en Debate el miércoles 13, marzo, 2019

En la imagen habitantes desplazados del estado de Guerrero mantienen un plantón en Palacio Nacional.

En Michoacán en el 2016 más de 10 mil desplazados por el crimen organizado.

ÁGORA PÚBLICA/Isidro Galicia.

Ciudad de México.- Cifras de organismos no gubernamentales como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos afirmó que del 2011 al 2018 ocho millones 726 mil 375 personas fueron desplazadas forzosamente por la violencia originada por el crimen organizado en el país.

En el caso particular de Michoacán, Brenda Gabriela Pérez Vázquez, Directora del área de Desplazados, precisó que de acuerdo a los datos arrojados hasta el 2016, más de 10 mil personas fueron obligadas a desplazarse de sus lugares por diversas causales, entre ellas y la más dominante, por la violencia generada por los grupos criminales diseminados en el territorio michoacano.

En la Mesa de Análisis de “Desplazamientos Forzados” organizado por la Cámara de Diputados en el marco del Plan de Desarrollo del Gobierno de México donde participaron organizaciones de la sociedad civil, diputados federales, senadores, académicos y víctimas, sostuvieron que un avance al momento es la visibilización de la problemática, pero es aún insuficiente.

Pérez Vázquez aseguró que urge diseñar un diagnóstico para usar la información con amplio alcance, “necesitamos un sistema comprensivo de las causales de los desplazamientos, identificar los lugares expulsores, las dinámicas que originan el fenómeno y las características de la población, para contar con información confiable”.

En tanto, el Director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos del estado de Guerrero, Manuel Olivares Hernández afirmó que los mayores desplazamientos en la entidad se originan en zonas donde hay concesiones mineras, “podemos decir que hay más de 150 familias desplazadas producto de la extorsión de la célula criminal que allí opera”.

Actualmente, enfatizó el Olivares Hernández, son 16 mil héctareas bajo concesión (de explotación minera), “se entiende que les preocupe despoblar las zonas para que no haya oposición para preservar los recursos naturales, lo que les interesa que no haya gente que se oponga”, aseveró.

El defensor de los derechos humanos solicitó al gobierno de México accionar medidas para retornar a sus lugares de origen; “establecer un perímetro de seguridad para la población, que el gobierno de México tome el control de la seguridad pública de las regiones y que se resarza el daño patrimonial a las familias desplazadas”, finalizó.