Silvano y la subasta criminal.

Publicado en Debate el sábado 10, marzo, 2018

 

Isidro Galicia/ÁGORA DEBATE.

Desde que asumió el gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo conoció los niveles de violencia y de dominio criminal en la entidad y particularmente en la región de tierra caliente de Apatzingán.

Lo declarado hace algunos días por el mandatario que culpó al ex comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, expresa una aceptación tácita del fracaso en materia de seguridad y de la presencia suprema de células criminales que hoy asolan el estado.

Aunque pretende minimizarlo, Silvano sabe que Michoacán se encuentra en una fase de retroceso y de regresión en el combate a la impunidad, donde las organizaciones delictivas imponen su ley y disponen de la propia libertad de los ciudadanos. Así acontece en el valle de Apatzingán, donde comunidades y municipios se encuentran bajo la tutela de la criminalidad.

Como en el pasado, la reacción de los grupos delictivos ante la acción del gobierno trazó un eje de atención en qué tanto el gobierno de Silvano Aureoles, ha logrado arrebatarles territorios a las células delincuenciales. Lo que se mostró en días pasados, fue la expresión del poderío de los reductos del narcotráfico que se sobreponen a los poderes formalmente constituidos.

Así como un aparato gubernamental debilitado en la procuración de justicia y la prevención delictiva, situación que coloca a la delincuencia en una posición de ventaja y de dominio. Un factor que incuba la violencia y que debilita la presencia de la autoridad es el vacío de poder que en amplias franjas de Michoacán se percibe. Autoridades omisas, amedrentadas y coaccionadas por las amenazas de los criminales.

No obstante, también el aparato de estado en Michoacán se encuentra bajo profundos cuestionamientos de quienes son los responsables de prevenir la inseguridad e investigar los hechos delictivos.  La continuación tras gubernamental como procurador de Justicia en el estado de Martín Godoy Castro, muestra los alcances pactistas, al menos, de los propósitos y objetivos en materia de políticas públicas en contra de la criminalidad, que hasta hoy son fallidas.

Desde una dimensión política, lo declarado por Aureoles Conejo se sintetiza como el rompimiento público entre el mandatario michoacano y Enrique Peña Nieto; que, dado el complejo escenario de violencia, optó por responsabilizar al comisionado del presidente de la República y evadir su responsabilidad de garantizar la paz y la justicia en la entidad.

Ante la fase de empoderamiento criminal por la que transita Michoacán, Silvano Aureoles se encuentra en un punto de profunda disyuntiva gubernamental, el de ir por los criminales y como consecuencia colateral enfrentar la desafiante violencia de las células delictivas; o iniciar un proceso de subastar los territorios para conciliar los intereses a los grupos delincuenciales.

Lo que decida Silvano Aureoles lo veremos en la disminución o el aumento de la violencia.

Será cuestión de tiempo.