Sin fuero, ¿termina la impunidad política?.

Publicado en Debate el lunes 2, octubre, 2017

 

Isidro Galicia/ÁGORA DEBATE.

El fuero constitucional en México es un tema largamente discutido.

Las condiciones de protección política e inmunidad procesal de los legisladores, se encuentra en un periodo crítico de legitimidad.

Sin embargo, en México son varios los eventos históricos del pasado que sustentaron la figura jurídica del fuero en el parlamentarismo mexicano.

Asonadas, cuartelazos y golpes de Estado en los siglos pasados, configuraron un estatus de inmunidad política de los funcionaros públicos. Uno de los más emblemáticos, por sus repercusiones nacionales, fue protagonizado por el entonces presidente de la República, Victoriano Huerta, al encarcelar a 84 diputados mediante el golpismo legislativo.

Y ya desde el siglo XIX, por instrucciones del Agustín de Iturbide quien encarceló a los diputados Carlos María Bustamante y Fray Fernando Teresa de Mier, entre otros, al disolver el congreso mexicano.

Si bien, fueron hechos que advirtieron la supremacía de un poder sobre el otro, en la actualidad esta figura constitucional se encuentra en un profundo debate jurídico, que ha acentuado la discusión pública de eliminarlo.

Hoy México se encuentra en una fase de amplio descontento social. Los eventos reiterativos de impunidad, enriquecimiento ilícito y el abuso de autoridad por parte de la élite gobernante mexicana, implica que los funcionarios públicos y legisladores asuman su responsabilidad desde una concepción de igualdad ante la ley.

La sociedad mexicana exige que los legisladores desempeñen su labor sin excepciones y privilegios constitucionales. Sin embargo, la campaña anti fuero que desató un furor político reivindicativo, se asemeja más a un propósito electoral, que modificar los hábitos arbitrarios de una clase política que actúa con absoluta impunidad.

Sí con la eliminación de fuero terminan los escándalos políticos, la decisión sería coadyuvante para instaurar un verdadero estado de derecho en nuestro país.

No obstante, de tan genuino propósito, el desaforar a los diputados no garantiza el fin de una era de corrupción gubernamental.

Diría que el debate va más allá.

El México del siglo XXI requiere una modificación profunda del modelo político, donde los ciudadanos sean protagonistas de la observancia, vigilancia y de los controles sociales en los gobernantes y legisladores de su actuar ante la ley.

De posibilitar la auténtica democratización de los poderes del Estado con la abierta participación ciudadana en el  ámbito de lo público.

Aunque es un primer paso, aún falta camino por recorrer.