Violencia territorial y la muerte de un edil.

Publicado en Debate el sábado 7, octubre, 2017

 

Isidro Galicia/ÁGORA PÚBLICA.

Fotografía: Sin embargo.

Michoacán es uno de los estados con mayor número de ediles en funciones asesinados en los últimos diez años.

Es, quizá, el resultado de un estado balcanizado por la disputa criminal permanente, por el control de los territorios y las regiones de Michoacán.

Que, a pesar de los elevados presupuestos anualizados, modificaciones de ley y mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública entre Ayuntamientos y gobierno federal, así como el estatal, el resultado es el mismo: Un nuevo edil asesinado.

Si bien, la violencia pública se constriñe a puntos geográficos específicos, la impunidad criminal desde lo municipal exhibe la naturaleza y el tipo de correlación de fuerzas delictivas que se mueven entorno a un espacio estratégico, como es un municipio.

El municipalismo es, por definición,  el lugar que retrata con mayor visibilidad los grandes desafíos y pendientes de un Estado-Nación para una sociedad.

Es ahí, donde se manifiesta con claridad las pugnas criminales que se encuentran en un periodo de monopolización de la violencia.

Las políticas en seguridad pública son el gran dogma institucional que aún no resuelve la amenaza que representa para los gobernantes la disputa territorial y el control de los delitos en los municipios, derivado de las actividades criminales.

Hoy, el edil asesinado se sumará a una serie de datos estadísticos de políticos ultimados en Michoacán durante la reciente década.

Pero, sí el asesinato del alcalde de Paracho fuera el caso, ¿Por qué matar a presidentes municipales?  Una de las razones que probablemente determina esto, es que los grupos delincuenciales requieren incrustarse en las estructuras políticas locales.

Por dos razones elementales: Bajar los niveles de la violencia territorial, cuando éste se encuentre bajo su control y segundo, y mantener “ciertas” condiciones de seguridad para las entidades gubernativas y locales desde donde operan impunemente.

El asesinato de Stalin Sánchez González refleja el grado de descomposición institucional y decadencia gubernamental, para resolver uno de los graves pendientes del Estado mexicano: Recuperar el estado de derecho y terminar con la impunidad.