Certifica Contraloría de Michoacán que Juan Antonio Ixtláhuac no está inhabilitado.

Publicado en Pública el miércoles 7, febrero, 2018

 

Arturo Hernández/IDEA POLÍTICA.

La Contraloría de Michoacán propinó un fuerte revés a la Auditoría Superior (ASM) del mismo estado, al emitir un “certificado de no inhabilitación” al diputado federal Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.

La dependencia entregó, con fecha del 1 de febrero,  al también expresidente municipal de Zitácuaro un documento de ocho líneas de extensión donde precisa que según la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, “no se encontró antecedente de inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público” para el C. Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.

Esto ocurre una semana después de que la ASM filtrara a algunos medios de comunicación información en el sentido que el legislador federal había sido inhabilitado por tres años  para ejercer cargos públicos por no solventar observaciones a la Cuenta Pública de 2009 del municipio de Zitácuaro.

Desde el primer momento, se advirtió que José Luis López Salgado, titular de la ASM, había actuado con dolo en este tema, ya que entregó algunos medios un documento de la presunta inhabilitación cuando Ixtláhuac Orihuela obtenía la candidatura del PRI para a ocupar un escaño en el Senado, una posición que también ambiciona uno de los principales integrantes del grupo silvanista que gobierna Michoacán: Antonio García Conejo.

El documento que López Salgado filtró fue emitido el 18 de enero del año en curso y en él se consigna la resolución administrativa del procedimiento AMOP-026/2014.

Precisa que no se pudieron solventar observaciones por 39 millones de pesos al presupuesto de obra pública 2009 del municipio de Zitácuaro.

El órgano fiscalizador determinó entonces un reintegro al erario público municipal por un monto de 12 millones de pesos para Ixtláhuac Orihuela, Sonia Angélica Rivas Espitia y Ricardo González, este último tesorero del ayuntamiento durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

La presunta sanción no se quedaba ahí y párrafos adelante se aplicaba una inhabilitación por tres años para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público para ambos exalcaldes.

Otra interrogante que no se despejó con la maniobra de López Salgado fue por qué hasta ahora la ASM dictaminaba  sobre este asunto, por qué en tiempos político-electorales, por qué nueve años después del ejercicio de dicho presupuesto y qué tanto se ajustaba a la Ley de Fiscalización del Estado de Michoacán de ese entonces, ya que dicho ordenamiento fue modificado recientemente.

Un dato relevante es que Ixtláhuac Orihuela no firmó la Cuenta Pública 2009 y fue alejado de su cargo y privado de su libertad por casi un año tras acusársele sin fundamentos de delitos federales.