El reto: la ruta de las pensiones y jubilaciones en la UMSNH

Publicado en Pública el jueves 23, marzo, 2017

Alonso Torres Aburto/Ágora Debate

Catedrático de la Facultad de Historia del UMSNH

 

Al aumentar el precio de la gasolina y el diésel, en diciembre del año pasado, se insistía en que, si el gobierno federal no captaba mayores recursos, disminuiría el gasto social. Mentira muy evidente desde el principio, pues los combustibles se encarecieron y la filosa tijera ya está haciendo de las suyas.

Relacionado con la aparente insolvencia económica en las finanzas públicas y su impacto en la Universidad Michoacana hay, cuando menos, tres muestras actuales que están generando mucha comezón y malestar: el recorte casi total de becas de CONACYT a los programas de posgrado; la “compactación” de secciones en escuelas y facultades; un nuevo intento de modificar el régimen de pensiones y jubilaciones.

Cada uno de estos aspectos tiene gran relevancia para estudiantes, trabajadores (académicos y administrativos) y para amplios sectores sociales de Michoacán y de otros estados. En el caso de los recursos manejados por CONACYT, su impacto negativo repercutirá hasta algunos países de América Latina. Por ahora comentaré lo que se refiere a lo que Medardo Serna anuncia como el inicio de la “Reforma Integral” de la Universidad. Casualmente, el primer aspecto con el que arrancaría dicha Reforma, es el más delicado político y laboralmente y el que ha tenido como respuesta un rechazo organizado.

Hay que mencionar que, en los últimos trece años, diferentes administraciones centrales de la Universidad Michoacana han implementado medidas para revisar y modificar el régimen de pensiones y jubilaciones.  Casi todo el tiempo se insertó esta temática en lo que se llamó -palabras más, palabras menos-, “Reforma Integral”. Por diversas razones, nada o poco se avanzó, se dejó crecer. Ahora, quien pretende encabezarla, está confrontado con las principales fuerzas organizadas de la Universidad.

Por esta notoria carencia de legitimidad, al actual rector la bomba le está explotando en las manos. En efecto, ante la profundidad de la crisis del Estado de bienestar en nuestro país, el gasto social ha sido disminuido brutalmente. De ahí declaraciones como las de Silvano Aureoles, relacionadas con la “zona de confort” de los trabajadores nicolaitas.

De ahí el condicionamiento del congreso local, para otorgarle mayor presupuesto a la Universidad, de que administrativos y docentes reciban menos cuando se jubilen. De ahí la premura de convocar, por las vías políticamente incorrectas, a la realización de foros con ponentes que vienen a decir lo que quieren y necesitan oír los responsables de dichos foros.

Lo que se muestra claramente es lo que muchos nicolaitas hemos manifestado:  un intento de borrar, autoritariamente, derechos adquiridos tras largos años de luchas. Otros sostienen que lo único que importa es salvaguardar la institución (así, en abstracto, como si no existieran personas), la cual puede ser declarada en quiebra técnica como ha sucedido en otras universidades públicas estatales.

Es decir, el problema es real y sin duda muy grave. En consecuencia, el rector y sus colaboradores- que no el consejo universitario, aunque muchos se asumen prácticamente como empleados de la rectoría-, deben de crear condiciones mínimas de consenso para analizar, debatir y tratar de llegar a acuerdos entre los actores involucrados. Lo que ha venido haciendo el grupo que ocupa los principales cargos en la rectoría, como se ha visto hasta hoy, en nada contribuye al propósito anterior.